El alcalde de Calasparra, junto con el resto de alcaldes de la región, rechaza el veto a los créditos

Los alcaldes de la Región de Murcia rechazaron ayer en bloque el veto a los créditos, a través del Comité Ejecutivo de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (formado por 7 alcaldes del PP y 3 del PSOE), que aprobó solicitar al Gobierno central «la inmediata derogación» del real decreto-ley que incluye la prohibición a los ayuntamientos de contraer préstamos durante 2011, por considerarlo «injusto, insolidario y perjudicial no sólo para los ayuntamientos, sino también, y fundamentalmente, para los españoles».
Para los alcaldes no hay otra solución que el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero elimine por completo el veto al endeudamiento municipal, salvo que pretenda la paralización e incluso el colapso económico de las administraciones locales.
La ejecutiva de la Federación de Municipios de la Región puso de manifiesto en su reunión que «los ayuntamientos viven una situación realmente dramática, que les impide apretarse más el cinturón».
El presidente de la Federación de Municipios de la Región y alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara (PP), indicó que los 8.400 municipios españoles y 45 murcianos sólo aportan el 7% de la deuda pública, y añadió que el déficit municipal no es por exceso de gasto, sino por la caída de ingresos.
El secretario del órgano de representación de los municipios murcianos, Manuel Durán, advirtió de que los efectos de la medida pueden ser contrarios a los que pretende el Ministerio de Economía.
Varios alcaldes avisaron del riesgo de pérdida de inversiones cofinanciadas por la Comunidad Autónoma, el Gobierno central o la Unión Europea, en las que los ayuntamientos no puedan financiar la parte del proyecto que les corresponde por la imposibilidad para contraer nuevos préstamos.
En la reunión de ayer, los alcaldes presentes acordaron también crear una comisión especial dentro de la Federación de Municipios de la Región para proponer «las medidas que deben adoptarse de manera urgente para evitar la quiebra de las haciendas locales». Los alcaldes decidieron además solicitar una reunión con la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, para pedir que libere las partidas presupuestas por la Comunidad Autónoma para los ayuntamientos, de forma que sean éstos los que decidan el destino de dichos fondos, bien para financiar gastos corrientes o para inversiones, como alternativa a la grave falta de liquidez que atraviesan.