La Asociación Ardevas ha convocado para este jueves 17 de abril, de 11:30 a 13:00 horas, una manifestación-concentración por las calles céntricas de Calasparra. El motivo de la protesta es, según Ardevas, «el nefasto y opaco proceso que se lleva a cabo para iniciar e intentar consumar las obras de la II Fase del Proyecto de Modernización de las Aguas Reguladas por el Embalse del Argos».
En un comunicado Ardevas dice, textualmente, «que tras la votación realizada el 29 de mayo de 2013, en la cual, los comuneros votaron mayoritariamente NO a este proyecto: 505 comuneros en contra (3062 tahúllas), por 242 comuneros a favor (2500 tahúllas) con una histórica participación del 70 % de los regantes, tanto los políticos locales como los actuales miembros de la Junta Directiva, decidieron iniciar un tortuoso camino que ha dividido a la población de Calasparra y Valentín, con consecuencias sociales imprevisibles».
En el citado comunicado Ardevas añade que «las obras, tímidamente, comenzaron hace dos meses con más de la mitad de los comuneros en contra, sin expediente de expropiación alguno y con la firme decisión (comunicada por escrito a los distintos Organismos y Entes involucrados) de no dejar pasar ni utilizar las tierras y propiedades de centenares de comuneros para poder ejecutar la obra declarada de Interés General»; añaden también que , «desde el día 1 de marzo, se vulnera la Declaración de Impacto Ambiental publicada en el BOE de fecha 19 de julio de 2010, firmada por Secretaria de Estado de Cambio Climático; hecho denunciado al SEPRONA y a la Dirección General del Medio Natural, por parte de ARDEVAS, Caralluma y Ecologistas en Acción, aunque, hasta la fecha, las obras se mantienen».
Por último Ardevas afirma que la falta de las mayorías necesarias para llevar a cabo un proyecto de este calado, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, la negativa, demora o falta de interés a entregar documentación por parte de la Junta Directiva de la Comunidad de Regantes, del Ayuntamiento de Calasparra y también, por parte de la SEIASA (Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias) mantiene una incertidumbre que no beneficia a ninguna de las partes afectadas, concluye el comunicado.
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